Si se cumplen los tiempos previstos por el Ejecutivo, el nuevo sistema podría ver la luz antes del verano, previsiblemente mediante RD y sin necesidad de pasar por una compleja tramitación parlamentaria. Diversas estimaciones del sector de autónomos y pequeñas empresas apuntan a que muchos negocios deberán asumir un gasto anual de entre 400 y 1.000 euros para implantar programas de registro horario compatibles con las nuevas exigencias.