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La tasa anual del IPC general en el mes de diciembre fue del 2,9%

La tasa anual del IPC general en el mes de diciembre fue del 2,9%, una décima inferior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el descenso de la tasa anual fueron trasporte y ocio y cultura. Entre los grupos con influencia positiva destacó alimentos y bebidas no alcohólicas. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,6%, la misma que en el mes anterior. En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,3%. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en diciembre. Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,7%) y Región de Murcia la más baja (2,4%).

Ciudadanos y empresas pueden reclamar a la Administración el IBI pagado de más si se anula un plan urbanístico que recalificó los suelos.

El TS concluye que esta solicitud del IBI por una norma urbanística declarada nula debe realizarse, en principio, directamente ante la Hacienda local como cualquier otra petición de devolución de ingresos indebidos. "Pero cuando, por circunstancias ajenas al reclamante, no sea viable la utilización de estos específicos mecanismos de impugnación, cabrá su reclamación por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre, claro está, que se cumplan todos los requisitos legalmente establecidos", establece.

Las empresas de trabajo temporal consolidan un cambio de paradigma de su modelo de negocio en España

Las empresas de trabajo temporal consolidan un cambio de paradigma de su modelo de negocio en España, marcado por la reforma laboral, con un balance en apariencia contradictorio. Por un lado, hay menos ETT que nunca: según los últimos datos disponibles, a cierre de octubre solo quedaban 218, un 4,8% menos que hace un año. Sin embargo, los contratos de puesta a disposición, que son el núcleo de su negocio, sumaron 425.414, máximo histórico para ese mes y el segundo mejor dato de toda la serie. Casi la mitad los realizaron trabajadores fijos discontinuos, que por primera vez rompen la barrera de los 200.000 en un solo mes. Los datos de Trabajo estiman que el número de trabajadores contratados por ETTs para ser cedidos ascendió a 158.497 en octubre, un 5,4% más que hace un año.

La Administración no puede tener en cuenta los ingresos de uno de los miembros de la pareja de hecho para denegarle el subsidio por desempleo al otro.

Así lo establece el TS, que aclara la situación después de los criterios dispares mantenidos por los tribunales hasta diciembre de 2023, cuando se modificó la LGSS para incluir que la pareja de hecho forma parte de la unidad familiar y que sus ingresos debían tenerse en cuenta. En el caso del litigio, el SEPE denegó a una mujer el subsidio por desempleo y le obligó a devolver lo cobrado hasta el momento bajo el argumento de que su pareja de hecho y padre de su hija cobraba casi 2.000 € al mes, lo que dividido entre él y la menor superaba el 75% del SMI. El TS, sin embargo, señala que la ley de entonces era clara y no tenía en cuenta a la pareja de hecho.

Quienes se jubilen este año estrenarán la nueva fórmula que permite a los trabajadores desechar los peores meses de cotización.

El objetivo es evitar la merma en la cuantía de la pensión que producen esos peores meses cotizados que se tienen en cuenta para calcularla. Esta medida, aprobada en la reforma de pensiones de marzo de 2023, establece que a partir del 1 de enero de 2026 la Seguridad Social aplicará dos métodos alternativos para calcular la base reguladora de la pensión contributiva (cuantía sobre la que se aplica el porcentaje de pensión al que se tiene derecho en función del número de años cotizados). Así, se mantendrá el método usado hasta ahora, calculando esta base con las cotizaciones de los últimos 25 años cotizados y, en paralelo empezará la implantación de una nueva fórmula que consiste en llegar a eliminar los dos peores años de cotización de los últimos 27 años cotizados. Como esta implantación del nuevo método será progresiva, en 2026 quienes se jubilen podrán escoger el resultado más beneficioso entre el método tradicional o el nuevo.

La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas.

La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas, no "corregirlas" o "mejorarlas" para evitar su anulación. En una sentencia de gran calado jurídico, el Constitucional determina que permitir que un tribunal confirme una multa basándose en razones que la Administración olvidó incluir en su expediente genera indefensión y rompe el equilibrio de poderes. El fallo impide que la Justicia actúe como una "segunda administración" sancionadora. El Constitucional ha anulado la expulsión, señalando que el juez no puede sustituir a la Administración buscando argumentos que esta no utilizó. Aunque el fallo nace en el ámbito de extranjería, su fundamentación jurídica afecta de lleno a las prácticas habituales en la litigiosidad administrativa, especialmente en materia tributaria y de competencia.

La litigiosidad sobre despidos de personas en incapacidad temporal está en su punto álgido.

Muchas demandas se formulan buscando la nulidad automática cuando la decisión extintiva coincide con un proceso de IT. Pero los tribunales están delimitando los contornos de la protección antidiscriminatoria por enfermedad. Una sentencia del TSJPV recuerda que la nulidad por IT no es automática. Se necesita la existencia de la enfermedad y unos indicios sólidos de que la enfermedad motivó el despido. La enseñanza que deja esta sentencia es clara: la IT ofrece una protección reforzada, sí, pero no convierte automáticamente cualquier despido en sospechoso. Esa protección exige siempre una base indiciaria real, no meras coincidencias temporales.

El TSJ de Canarias reconoce el paro a una empleada de hogar despedida antes de la reforma legal.

Ha dictado la primera sentencia firmada en Canarias que reconoce el derecho de una empleada de hogar a percibir el subsidio de desempleo, a pesar de que fue despedida antes de que entrara en vigor el RD Ley 16/2022 que reconoció el derecho de este colectivo “feminizado” a cobrar el paro. Como ya lo habían hecho en meses previos otros tribunales superiores (Galicia, Navarra), el TSJ de Canarias entiende que la denegación de la prestación es inaplicable en virtud de la sentencia del TJUE de 24 de febrero de 2022 que reconoce derechos de protección social a las trabajadoras de hogar.