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Quienes se jubilen este año estrenarán la nueva fórmula que permite a los trabajadores desechar los peores meses de cotización.

El objetivo es evitar la merma en la cuantía de la pensión que producen esos peores meses cotizados que se tienen en cuenta para calcularla. Esta medida, aprobada en la reforma de pensiones de marzo de 2023, establece que a partir del 1 de enero de 2026 la Seguridad Social aplicará dos métodos alternativos para calcular la base reguladora de la pensión contributiva (cuantía sobre la que se aplica el porcentaje de pensión al que se tiene derecho en función del número de años cotizados). Así, se mantendrá el método usado hasta ahora, calculando esta base con las cotizaciones de los últimos 25 años cotizados y, en paralelo empezará la implantación de una nueva fórmula que consiste en llegar a eliminar los dos peores años de cotización de los últimos 27 años cotizados. Como esta implantación del nuevo método será progresiva, en 2026 quienes se jubilen podrán escoger el resultado más beneficioso entre el método tradicional o el nuevo.

La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas.

La labor de los jueces es revisar la legalidad de las sanciones administrativas, no "corregirlas" o "mejorarlas" para evitar su anulación. En una sentencia de gran calado jurídico, el Constitucional determina que permitir que un tribunal confirme una multa basándose en razones que la Administración olvidó incluir en su expediente genera indefensión y rompe el equilibrio de poderes. El fallo impide que la Justicia actúe como una "segunda administración" sancionadora. El Constitucional ha anulado la expulsión, señalando que el juez no puede sustituir a la Administración buscando argumentos que esta no utilizó. Aunque el fallo nace en el ámbito de extranjería, su fundamentación jurídica afecta de lleno a las prácticas habituales en la litigiosidad administrativa, especialmente en materia tributaria y de competencia.

La litigiosidad sobre despidos de personas en incapacidad temporal está en su punto álgido.

Muchas demandas se formulan buscando la nulidad automática cuando la decisión extintiva coincide con un proceso de IT. Pero los tribunales están delimitando los contornos de la protección antidiscriminatoria por enfermedad. Una sentencia del TSJPV recuerda que la nulidad por IT no es automática. Se necesita la existencia de la enfermedad y unos indicios sólidos de que la enfermedad motivó el despido. La enseñanza que deja esta sentencia es clara: la IT ofrece una protección reforzada, sí, pero no convierte automáticamente cualquier despido en sospechoso. Esa protección exige siempre una base indiciaria real, no meras coincidencias temporales.

El TSJ de Canarias reconoce el paro a una empleada de hogar despedida antes de la reforma legal.

Ha dictado la primera sentencia firmada en Canarias que reconoce el derecho de una empleada de hogar a percibir el subsidio de desempleo, a pesar de que fue despedida antes de que entrara en vigor el RD Ley 16/2022 que reconoció el derecho de este colectivo “feminizado” a cobrar el paro. Como ya lo habían hecho en meses previos otros tribunales superiores (Galicia, Navarra), el TSJ de Canarias entiende que la denegación de la prestación es inaplicable en virtud de la sentencia del TJUE de 24 de febrero de 2022 que reconoce derechos de protección social a las trabajadoras de hogar.

La OCDE ha publicado una actualización del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio

La OCDE ha publicado una actualización del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, que proporciona nuevas directrices detalladas sobre el trabajo remoto transfronterizo de corta duración y la tributación de las rentas derivadas de la extracción de recursos naturales. La Actualización de 2025 del Modelo aclara cuándo el trabajo remoto transfronterizo, como el trabajo desde casa, crea una presencia imponible para las empresas. La actualización también introduce una nueva disposición alternativa que establece cómo deben gravarse las rentas derivadas de actividades relacionadas con la extracción de recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales, una medida especialmente relevante para las economías en desarrollo y otras economías ricas en recursos. Las actualizaciones publicadas se reflejarán en las ediciones revisadas, condensada y completa del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE que se publicarán en 2026.

En octubre se crearon 11.665 sociedades mercantiles

En octubre se crearon 11.665 sociedades mercantiles, un 9,0% más que en el mismo mes de 2024. El capital suscrito para su constitución registró un incremento anual del 5,3%. Por otro lado, ampliaron capital 2.437 sociedades. El número de sociedades mercantiles disueltas descendió un 1,9% en tasa anual. El 81,7% de ellas lo hicieron voluntariamente. El 19,0% de las sociedades mercantiles creadas en octubre correspondió a Inmobiliarias, financieras y seguros y el 15,9% al Comercio. En cuanto a las sociedades disueltas, el 19,8% pertenecía al Comercio y el 15,9% a la Construcción. Illes Balears, Canarias y País Vasco presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en octubre. Por su parte, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y Aragón registraron los descensos más acusados.

El TS blinda el derecho de los contribuyentes a presentar pruebas para defenderse de las sanciones tributarias.

El alto tribunal fija que las multas de Hacienda serán nulas de pleno derecho si el fisco ignora las pruebas presentadas por el afectado y no "justifica ni motiva su rechazo". La Corte, en una sentencia del 24 de noviembre, establece que cuando la AEAT impone una sanción sin escuchar las pruebas de descargo propuestas por el contribuyente "vulnera el derecho fundamental a utilizar medios de prueba pertinentes para la defensa y, en relación con dicho derecho, a la presunción de inocencia". En el caso de que Hacienda rechace las pruebas, debe motivarlo, y acreditar que su práctica no alteraría el resultado final.

La Justicia europea ha emitido una sentencia de gran calado que redefine cómo se calculan los impuestos de importación

La sentencia establece que, cuando las mercancías se introducen en un depósito aduanero y posteriormente son despachadas, el momento clave para determinar su valor en aduana es el de su inclusión en dicho depósito. Por lo tanto, el valor de transacción que debe usarse es el de la "primera transmisión", la venta que motivó su entrada en el territorio aduanero de la Unión. Esta interpretación, basada en los artículos 29 y 112 del Código Aduanero Comunitario, aporta una seguridad jurídica fundamental para las empresas que utilizan los depósitos aduaneros como centros estratégicos de distribución. Les permite calcular sus costes arancelarios con antelación, basándose en el precio de compra original, sin que ventas intermedias dentro del almacén alteren la base imponible. El fallo no es solo un dictamen técnico, sino una guía estratégica para cualquier empresa que opere en la cadena de suministro internacional de la UE.