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El anteproyecto de ley del teletrabajo se articula sobre diferentes ejes como la voluntariedad, la libre elección del horario, la compensación de los gastos directos e indirectos y la desconexión digital. También ahonda sobre otras problemáticas y peligros del trabajo a distancia, como son los riesgos laborales, el derecho a la intimidad, posibles detrimentos sobre la promoción interna y la progresión salarial o el fortalecimiento de los roles de género y de los cuidados. Estos peligros específicos “pueden ser físicos, como los derivados del sedentarismo o del trabajo frente a pantallas de visualización”. El texto enfatiza en los problemas asociados a trabajar en lugares que no están preparados para encarar una jornada, así como en las malas posturas que pueden desembocar en lesiones o daños físicos.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado la detección de fraude en ERTE con una campaña inspectora que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos. La campaña, ya activada, además de actuaciones informativas con el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo. La Inspección de Trabajo atenderá, en este sentido, a las denuncias presentadas en la Inspección Provincial correspondiente, que relaten hechos de los que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude vinculado a ERTE Covid-19 (como la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado, manteniendo personas trabajadoras en ERTE).

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como criterio interpretativo que la solicitud de extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una Administración tributaria. El Supremo, estima el recurso de una persona contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le denegaron la extensión de efectos de una sentencia de dicho tribunal superior, de 6 de julio de 2016, que reconoció a una mujer el derecho a que Hacienda le devolviese el dinero pagado en el IRPF por una prestación pública de maternidad, al estar ésta exenta del impuesto.

La AN avala la aplicación de un ERTE de fuerza mayor para una empresa de teleoperadores, las llamadas contact center. La sentencia establece que la empresa afectada actuó correctamente y que no incumplió ninguna norma al suspender las relaciones de estos trabajadores. En este sentido, destaca que no se podía desarrollar esta actividad durante el estado de alarma. Los teleoperadores atendían llamadas sobre un servicio de portabilidad de contratos de telecomunicaciones. El decreto del Ejecutivo prohibió la portabilidad, es decir, el cambio de operador telefónico. "No afectó a trabajadores que no estuvieran autorizados para la medida", subraya.