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Trabajo ultima una orden ministerial para que los afectados por ERTE tengan “la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral”, indica el texto normativo que prepara. No obstante, Trabajo no prevé destinar ninguna partida presupuestaria para financiar estos cursos formativos, que se costearán por los canales habituales: las bonificaciones en el caso de las acciones organizadas por las empresas o por subvenciones, según admite Trabajo en el análisis de impacto normativo de la orden ministerial.

Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia en una sentencia en la que declara procedente el cese objetivo de un trabajador y razona que registrar una "nimia" mejoría en el balance de resultados no es un impedimento para extinguir contratos por problemas financieros. Así, recuerdan que, si bien en el año 2018 hubo recuperación, esta fue "nimia", y además "revela la situación negativa posterior y anterior al despido y que tuvo como resultado final el cierre de la empresa".

El arrendador de un local comercial no puede pretender la extinción del contrato primitivo -que lo estaría por aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 1994- cuando, con posterioridad a esa fecha y pese a concurrir causa legal de extinción, las partes han realizado actos reveladores de su voluntad de continuar con la relación arrendaticia, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 29 de octubre de 2020. Entre estos actos reveladores se encuentra el que se haya reducido el local arrendado dejando fuera toda la superficie dedicada a cafetería y los primitivos arrendatarios dejan todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la cafetería, de modo que la parte demandante se hace con las llaves del nuevo local y se las entregan a una inmobiliaria para gestionar su arriendo. El pacto de una nueva renta y la fuerte inversión en obras demuestra que había acuerdo.

El Ministerio de Inclusión se ha comprometido a estudiar la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia cambien de base de cotización, para subirla o reducirla, hasta seis veces al año. Según ha señalado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), además de esta medida, el Ministerio ha aceptado estudiar que se permita a los autónomos mayores de 48 años adecuar de forma voluntaria su cotización a sus ingresos. "No vamos a avalar ninguna reforma en una situación como la actual que pueda conllevar un aumento de cotizaciones y poner en riesgo la viabilidad de los negocios", que, no obstante, considera que las medidas puestas encima de la esa son adecuadas, pero que sigue sin entender "las prisas".