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La Agencia Tributaria ultima estos días la orden ministerial que regirá la declaración del Impuesto sobre la Renta 2019. Sobre las rentas inmobiliarias, se ha consolidado en un único apartado. En él se ha agrupado toda la información relacionada con los inmuebles de los que es titular el contribuyente bien como propietario o usufructuario. Con ello, se busca mejorar el proceso de generación de los datos fiscales. La identificación del domicilio fiscal actual se ofrecerá de forma separada al resto de la misma. Así, de forma más sencilla que en la actualidad, antes de la descarga de los datos fiscales, el contribuyente ratificará o cambiará su domicilio fiscal. Además, se crea un Anexo D, que será de cumplimentación voluntaria, en el que los contribuyentes podrán consignar el NIF de los proveedores de determinados gastos, así como su importe.

La supresión de este precepto, impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad, sufren enfermedades crónicas o de larga duración o que se dedican al cuidado de personas dependientes. El Real Decreto-ley, aprobado hoy, cumple además con las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 ya había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.

Comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco, el pago en efectivo. En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones. La nueva ley reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018. la nueva normativa rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales. Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad.

No sólo los directivos, sino también miles de trabajadores reciben de manera habitual dietas por gastos de comidas, transporte o alojamiento, ya que sus obligaciones laborales les exigen realizar parte de sus tareas fuera de la oficina. Estos pagos, que no tributan por IRPF siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, están en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que desde hace un par de años, ha generalizado las inspecciones para comprobar que el gasto realmente se ha producido y que, además, está relacionado con la actividad laboral. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de enero obliga a Hacienda a cambiar su forma de proceder ante tales comprobaciones.