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Único PAE en El Altet

Esto es lo que denunciaron este jueves los sindicatos UGT y CC OO, que mostraron su insatisfacción ante la nueva propuesta que les hizo el pasado lunes el Ministerio de Empleo. Así, a poco más de diez días para que se termine la prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el Programa de Recualificación Profesional (Prepara) -con fecha de finalización para el próximo 30 de abril-, se antoja complicado alcanzar un acuerdo para lograr unificar en una todos los subsidios a los parados de larga duración.

Según la decisión judicial la cláusula por la que los progenitores comprometían su propia vivienda para el pago de la hipoteca de su hijo es abusiva y nula, lo que supone que quedan liberados de toda responsabilidad en caso de impago, y que podrán disponer de la vivienda sin ningún tipo de restricción. La sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estella puede iniciar una nueva oleada de reclamaciones de consumidores 

El error por parte de la Administración en el domicilio al que notifica la resolución no impide que se tenga por válidamente finalizado el procedimiento. En consecuencia, el interesado no puede alegar dicho error para justificar la caducidad del proceso. Así lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de marzo, en la que confirma la validez de una decisión de la Dirección General de Industria que reclamaba el reintegro de una subvención a una empresa, pero que fue dirigida a una dirección distinta a la que la compañía había comunicado como domicilio a efectos de notificación. La sentencia, no obstante, subraya que estas “mínimas” exigencias de la notificación (que esté debidamente acreditada y que contenga el texto del acto) solo sirven para que se produzca el “restringido efecto” de “tener por dictada la resolución dentro del plazo que corresponda”, y no otros. Es decir, el error en el domicilio de notificación no permite, según explica el Supremo, que el acto jurídico pueda desplegar todos sus efectos. 

El capital suscrito para su constitución supera los 454 millones de euros, con un descenso anual del 18,5%. El capital medio suscrito (51.914 euros) disminuye un 17,6%. El número de sociedades mercantiles disueltas en febrero es de 2.284, un 1,6% más que en el mismo mes de 2017. De éstas, el 75,6% lo hicieron voluntariamente, el 9,7% por fusión y el 14,7% restante por otras causas. Actividades administrativas y servicios auxiliares presenta el menor saldo neto, con 211 sociedades creadas