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La Sala Tercera señala que deben cotizar a la Seguridad Social por contingencias profesionales y accidentes de trabajo de sus conductores por el tipo más alto (tarifa 6,70 por ciento) y no por el del 3,70 por ciento. Concluye la Sala, “parece plausible que cuanto mayor sea el riesgo profesional en un trabajador por cuenta ajena mayor será el tipo de cotización del empresario. Así lo ha querido el legislador para proteger al trabajador en función de la potencial peligrosidad de la actividad u ocupación”.

La rebaja de la edad a 52 años para acceder al subsidio de 426 euros al mes a los trabajadores en paro sin ningún ingreso no saldrá de un acuerdo tripartito, sino de uno entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo resaltan que "el subsidio ahora mismo se está negociando en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado". No obstante, anunció hace unos días a los agentes sociales que la reforma estará aprobada en enero y, si no puede ser mediante los Presupuestos, será con un texto propio. El Gobierno estima que la medida beneficiaría a 114.000 personas nuevas que accederán al sistema de protección. Pero, además, señalan que permitirá que 372.000 trabajadores accedan a una pensión de jubilación algo más digna, pues de no llevarse a cabo la reforma debería jubilarse de forma anticipada, por dejar de percibir el subsidio a los 61 años.

A la espera de que Hacienda publique el formulario que servirá de modelo para reclamar el IRPF por la prestación de maternidad. La ministra de Hacienda, ha afirmado que el proceso de reclamación será “con un formato fácilmente accesible”, que evitará desplazamientos “innecesarios ni molestias añadidas” a las madres, pero no ha puesto fechas, diciendo que será “en las próximas semanas”. Asimismo, ha informado que se hará “con datos que ya contempla y contiene la propia Agencia Tributaria”.

Los cálculos actuariales evidencian que 12 años después de la jubilación ya se ha recibido en pensiones públicas un importe financieramente equivalente a lo aportado durante toda la vida laboral. De ahí que los sistemas públicos de reparto se enfrenten al reto de la longevidad y que los Gobiernos traten de atemperar el efecto con mecanismos estabilizadores como el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor se ha pospuesto de 2019 a 2023. Suele criticarse la cuantía de pensión recibida por su comparación con el sueldo en activo y la percepción del cotizante y del jubilado es que aportó más de lo que finalmente recibe, pero los cálculos actuariales evidencian que 12 años después de la jubilación ya se ha recibido en pensiones públicas un importe financieramente equivalente a lo aportado durante toda la vida laboral.