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Tras la sentencia que declara un despido improcedente, una empresa no puede readmitir al trabajador si supone un traslado forzoso que “exigiría necesariamente un cambio de domicilio” a una ciudad diferente. Además, según los magistrados, la trabajadora que ha obtenido sentencia favorable declarando la improcedencia de su despido “ostenta el derecho a percibir los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la de la extinción laboral”.

Se plantea presentar una proposición de ley en el mes de julio, por el trámite de urgencia, que entrará en vigor antes de que acabe el presente ejercicio situando su devengo al 31 de diciembre de 2022, aunque será exigible a partir de 2023. Los técnicos del Ministerio de Hacienda quieren blindar el impuesto ante posibles demandas de las empresas eléctricas. El otro problema al que se enfrenta Hacienda es la posibilidad de que el impuesto pueda ser anulado por los jueces por incidir sobre la misma base imponible que el de Sociedades.

La duración de los contratos temporales firmados en mayo se situó en los 43,3 días de media, frente a los 52,71 días registrados en el mismo mes de hace un año. Un 'retroceso' de 9,4 días que se explica por dos factores: el primero es el auge de la contratación indefinida tras la reforma laboral. El segundo, el desigual impacto de los cambios que esta norma introdujo para penalizar el uso de los contratos de más corta duración. Suben los contratos de entre una y dos semanas de duración, pese al castigo en sus cotizaciones. Los cambios para limitar la rotación de los contratos temporales han tenido un efecto desigual. En mayo se firmaron un 21% menos de contratos que antes de la pandemia.

Existe cierto acuerdo para solucionar el tope que existe en la actualidad en las bases de cotización de los mayores de 47 años que se introdujo para impedir lo que en su día se interpretó como compra de pensiones. La segunda de las cuestiones sobre las que existiría acuerdo y que podrá recoger la próxima propuesta del Gobierno es la necesidad de generalizar la tarifa plana, al menos en el primer año y no solo para aquellos que tengan unos ingresos más bajos, tal y como se propuso desde el Ejecutivo en un principio. Asimismo, los autónomos coincidieron en que el acuerdo al que lleguen deberá mandatar para un futuro desarrollo del nuevo sistema una vez termine el periodo inicial y transitorio de aplicación que será, previsiblemente, en 2023, 2024 y 2025.