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Dentro de las solicitantes, el 45% no sabe si podrá devolver el préstamos en tiempo y forma antes de la fecha límite extendida negociada con los bancos; o hasta diciembre de 2023 para aquellos ICO solicitados tras el inicio del conflicto en Ucrania, después de que el Gobierno estirase el plazo. En España las empresas están ahogadas tras el fin de la moratoria concursal y la devolución de los créditos ICO. Respecto a esto último, dentro de este abanico, el 3,4% prevé directamente el impago, el 13,1% cree que la solución pasa por la refinanciación de la deuda y otro 9,8% por su reestructuración y el 19,2% no ha pensado en ninguna medida concreta para cuando venza el plazo.

La Seguridad Social considerará como periodo cotizado, por la base mínima, los seis meses posteriores después de que el pequeño empresario o trabajador deje la protección por desempleo, lo que se conoce como el cese de actividad. Obviamente, siempre que no pueda volver a la actividad o no encuentre trabajo por cuenta ajena. Es la primera vez que la Seguridad Social concede esta cobertura a los autónomos, y lo hace tras pasar por el cese de actividad, para tener un criterio objetivo. Las organizaciones de autónomos consideran que la propuesta del Ejecutivo "es muy insuficiente". Recalcan la discriminación que sufren respecto a los asalariados. Hoy se reunirán para continuar con la negociación sobre la reforma de las pensiones.

El Gobierno última un paquete de medidas que se enmarcaría dentro del Marco Temporal de apoyo a la industria y que podría llegar a alcanzar los 3.000 millones de euros para afrontar los elevados precios de esta materia prima. Esta medida permitiría seguir la senda de los planes adoptados por Francia, Alemania o Italia y evitar que las empresas españolas estuvieran en inferioridad de condiciones para seguir compitiendo en los mercados internacionales.

Los expertos en fiscalidad piden facilidades con el fin de evitar las renuncias cuyas estadísticas cada vez crecen más. Explican que el problema afecta sobre todo a las herencias con inmuebles, donde además "hay unas valoraciones tributarias elevadas y en muchas ocasiones éstos se venden muy por debajo". Consideran que cuando no se trata de herencias líquidas, deberían tener unos plazos más amplios y, además, no deberían exigirse los avales bancarios y los intereses de demora que se aplican, porque encarecen los procedimientos y son la causa de muchas de las renuncias, ya que es necesario poner dinero por adelantado y, en muchas ocasiones pedir créditos bancarios.