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La medida excepcional laboral se prorrogará hasta el 31 de enero de 2022, con carácter general para todos los trabajadores en Erte regulados en los Reales Decretos anteriores. No obstante, no se producirá automáticamente si no que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. La administración tendrá, entonces, un plazo de de 10 días para resolver la petición. En caso de no resolución, se entenderá desestimada la solicitud de prórroga. Este punto, el del silencio negativo, ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud. Se vincula el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la seguridad social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los Erte, entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Desde UGT, señalan que estas acciones formativas "han generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación".

Suprimir los tipos reducidos de IVA podría rebajar el tipo general medio europeo en 7 puntos, hasta situarlo en el entorno del 15%, según los expertos de la Eurocámara. En el caso de España, el segundo país europeo con un IVA más ineficiente por detrás de Chipre, los especialistas creen que recaudaría lo mismo con un tipo único del 10%, 11 puntos por debajo del actual. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo ha remitido a la cámara su informe Brecha del IVA, reducción tipos de IVA y su impacto en los costes de cumplimiento para las empresas y en los consumidores. El documento concluye que sólo el 60% del consumo total de los hogares está sujeto a los tipos generales del IVA y que sus costes de cumplimiento son "considerables", un 2,5% de los ingresos de las empresas.

Reino Unido retrasará por segunda vez la puesta en marcha de algunos controles a la importación post-Brexit debido a la presión de la pandemia sobre las empresas y a las tensiones existentes en la cadena de suministro global. Su aplicación, finalmente, será gradual a lo largo del próximo año. El Gobierno británico, que tras formalizarse el Brexit se dio seis meses para aplicar las inspecciones, ha retrasado de nuevo la obligación de realizar declaraciones y controles aduaneros completos hasta el 1 de enero de 2022, mientras que las declaraciones sobre seguridad y protección se exigirán a partir del 1 de julio del año que viene.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha avanzado este lunes que la cartera que dirige prepara una “aclaración” del decreto, un anuncio que se suma al de la semana pasada, cuando informó de que pediría a Bruselas una ampliación del plazo de concesión de las ayudas, que a priori vence en diciembre. “Estamos preparando una aclaración de este Real Decreto-ley para que las comunidades autónomas que tengan recursos y que quieran sacar una convocatoria adicional lo puedan hacer y puedan ejecutar [estas ayudas] al máximo de aquí a final de año”.