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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por RD 1155/2024 de 19 de noviembre, y ha resuelto el recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. El fallo estima parcialmente el recurso, anula diversos preceptos reglamentarios y confirma la validez de buena parte de la reforma impulsada por el Gobierno. La sentencia mantiene la arquitectura general del nuevo Reglamento de Extranjería, pero introduce correcciones relevantes en cuestiones relacionadas con la protección de menores, la unidad familiar, el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas en el extranjero, la valoración de antecedentes penales y el acceso presencial a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, confirma las nuevas restricciones introducidas en materia de arraigo para solicitantes de protección internacional, uno de los ejes centrales de la reforma.

Hasta 1,2 millones de personas estarían dispuestas a seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, según un informe elaborado por Foment del Treball, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Opina 360. Este potencial se concentra principalmente en la generación del baby boom, que forma parte de los 8,6 millones de personas activas de entre 50 y 69 años que hay actualmente en España. El estudio también identifica una importante reserva de trabajadores entre quienes ya están jubilados. En concreto, estima que alrededor de un millón de pensionistas menores de 75 años volvería al mercado laboral si pudiera compatibilizar plenamente el cobro de la pensión con un salario.

Estas firmas se dedican a gestionar un patrimonio personal o familiar en vez de realizar una actividad productiva. La Dirección General de Tributos señala que la ley "no establece limitaciones para su aplicación a las entidades patrimoniales" y, por tanto, mientras estas sociedades cumplan con los requisitos que exige la norma, podrán beneficiarse de la deducción. El organismo señala a la empresa consultante que podría aplicarla, siempre que esta reducción no exceda el 25% de su base imponible.

Mientras unos abogan por remunerarlo advirtiendo que el Gobierno ha transpuesto mal la directiva europea, otros lo rechazan a la par que reconocen que hay tribunales que instan a pagarlo. De momento, como los propios jueces admiten en sus sentencias, los trabajadores públicos son los que más beneficiados se están viendo a la hora de luchar en los tribunales la remuneración de estas semanas, aunque no todos. Sin embargo, en el ámbito de la empresa privada, es donde más lo están denegando. La diversidad de posturas sobre si el permiso parental para el cuidado de los hijos tiene o no que remunerarse apunta a que el caso acabará en el TS para que resuelva las dudas. De momento, el alto tribunal no se ha pronunciado directamente sobre la retribución de estas semanas, aunque un fallo del 26 de enero de 2026 insinuó que no sería pagado.