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El Ministerio de Trabajo fijará el salario mínimo por hora en unos 6,9 euros para trabajadores eventuales, temporeros y empleados de hogar, una subida del 20 por ciento, ligeramente inferior a la media de subida del salario mínimo interprofesional, que es del 22,3 por ciento. El proyecto de real decreto que se aprobará también informa de que la misma subida porcentual que experimenten las cotizaciones de SMI también se repercutirán a los sueldos que sean superiores a los 900 euros, pero próximos a esta cantidad. Este es el caso de las cotizaciones de las bases mínimas de ingenieros y licenciados y de jefes de administración y taller –grupos 1 y 3, respectivamente–.

Este esfuerzo se ha autofinanciado con la tasa de regularización de 60 euros pero además ha permitido multiplicar los ingresos de los ayuntamientos por IBI. El plan de regularización catastral 2014-2017 ha supuesto un fuerte incremento de la inversión, que se autofinancia con la tasa de regularización y con un rendimiento espectacular. El efecto en el IBI es notable. Según datos del Catastro, la cuota líquida de este tributo ha pasado de los 12.200 millones en 2013 a 13.600 millones en 2017. La recaudación de la antigua contribución urbana no ha parado de crecer en los últimos años, sin embargo esos ingresos eran prácticamente la mitad en 2007.

Una persona que fallece en accidente de tráfico unos días después de haber causado baja como demandante de empleo por falta de renovación, impide considerar estuviera en situación asimilada al alta, por lo que su cónyuge no tiene derecho a cobrar la pensión de viudedad. Así, lo determina en Tribunal Supremo, en una sentencia 25 de septiembre de 2018, en la que rechaza que pueda asimilarse al alta, "ya que no puede aplicarse la doctrina flexibilizadora de la exigencia de alta cuando no se ofrece ningún dato objetivo que permita aplicarla, como podría ser su precario estado de salud o algún motivo semejante, aconteciendo el óbito no por enfermedad, sino por accidente".

El Gobierno modificará los procedimientos de desahucio para articular un "proceso especial" para las personas que se encuentren en una "situación vulnerable" con el fin de evitar que vuelvan a registrarse "situaciones trágicas". El Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de levantamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales, según avanzó el ministro de Fomento. El cambio en los procesos de desahucio formará parte del paquete de medidas urgentes en materia de vivienda que Fomento ultima aprobar próximamente por Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, y que está enfocado principalmente hacia el alquiler.