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El TS concluye que esta solicitud del IBI por una norma urbanística declarada nula debe realizarse, en principio, directamente ante la Hacienda local como cualquier otra petición de devolución de ingresos indebidos. "Pero cuando, por circunstancias ajenas al reclamante, no sea viable la utilización de estos específicos mecanismos de impugnación, cabrá su reclamación por vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre, claro está, que se cumplan todos los requisitos legalmente establecidos", establece.

Las empresas de trabajo temporal consolidan un cambio de paradigma de su modelo de negocio en España, marcado por la reforma laboral, con un balance en apariencia contradictorio. Por un lado, hay menos ETT que nunca: según los últimos datos disponibles, a cierre de octubre solo quedaban 218, un 4,8% menos que hace un año. Sin embargo, los contratos de puesta a disposición, que son el núcleo de su negocio, sumaron 425.414, máximo histórico para ese mes y el segundo mejor dato de toda la serie. Casi la mitad los realizaron trabajadores fijos discontinuos, que por primera vez rompen la barrera de los 200.000 en un solo mes. Los datos de Trabajo estiman que el número de trabajadores contratados por ETTs para ser cedidos ascendió a 158.497 en octubre, un 5,4% más que hace un año.

Así lo establece el TS, que aclara la situación después de los criterios dispares mantenidos por los tribunales hasta diciembre de 2023, cuando se modificó la LGSS para incluir que la pareja de hecho forma parte de la unidad familiar y que sus ingresos debían tenerse en cuenta. En el caso del litigio, el SEPE denegó a una mujer el subsidio por desempleo y le obligó a devolver lo cobrado hasta el momento bajo el argumento de que su pareja de hecho y padre de su hija cobraba casi 2.000 € al mes, lo que dividido entre él y la menor superaba el 75% del SMI. El TS, sin embargo, señala que la ley de entonces era clara y no tenía en cuenta a la pareja de hecho.

El objetivo es evitar la merma en la cuantía de la pensión que producen esos peores meses cotizados que se tienen en cuenta para calcularla. Esta medida, aprobada en la reforma de pensiones de marzo de 2023, establece que a partir del 1 de enero de 2026 la Seguridad Social aplicará dos métodos alternativos para calcular la base reguladora de la pensión contributiva (cuantía sobre la que se aplica el porcentaje de pensión al que se tiene derecho en función del número de años cotizados). Así, se mantendrá el método usado hasta ahora, calculando esta base con las cotizaciones de los últimos 25 años cotizados y, en paralelo empezará la implantación de una nueva fórmula que consiste en llegar a eliminar los dos peores años de cotización de los últimos 27 años cotizados. Como esta implantación del nuevo método será progresiva, en 2026 quienes se jubilen podrán escoger el resultado más beneficioso entre el método tradicional o el nuevo.