Fenadismer recibió ayer información detallada por parte del Ministerio de Hacienda en relación al estado actual de tramitación de las líneas de ayudas recogidas en el RD-Ley 7/2026, aprobado el pasado mes de marzo con el objetivo de mitigar el fuerte impacto de los costes energéticos en el sector del transporte por carretera correspondientes al periodo de marzo a junio. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que la práctica totalidad del gasóleo profesional se desbloqueará en las próximas semanas tras subsanarse un problema de facturación de la petrolera Moeve. Una vez que la AEAT da el visto bueno a la ayuda, el plazo medio para el abono efectivo es de tan solo 10 días, una transferencia que realiza el propio BdE de forma directa en la cuenta bancaria del transportista

No supone una discriminación laboral que la empresa asigne modelos de vehículos distintos a sus empleados en función de su categoría o rango profesional, según establece la Audiencia Nacional, sentencia de 27 de julio de 2026. El magistrado determina que la diferenciación por rangos no vulnera la igualdad de trato, ya que la legislación laboral permite a la dirección disponer libremente de la retribución en especie respetando los mínimos legales y convencionales, siendo la jerarquía un criterio de comparación plenamente válido. Asimismo, la resolución descarta cualquier infracción en materia de prevención de riesgos laborales.

Solo hay un inconveniente. Si no encontramos una forma de controlarlo, la guerra jurídica impulsada por la IA resultará abrumadoramente cara, y todos pagaremos el precio por ello. Dentro de un par de años, no serán solo los tribunales laborales los que se vean desbordados. Los juzgados de menor cuantía, en particular, se verán saturados de demandantes asistidos por IA que presentarán demandas por responsabilidad por productos defectuosos, ventas abusivas o cualquier otra disposición legislativa poco conocida que pueda ser objeto de acción judicial. Al fin y al cabo, es tan fácil que más vale probar suerte. El problema es que esto se va a convertir en un gran reto para la economía.

Los profesionales del sector legal e inmobiliario han detectado un aumento de las consultas de inquilinos que quieren saber hasta dónde llega el derecho a disfrutar de una vivienda climatizada y si pueden reclamar mejoras ante episodios de calor extremo. La respuesta, de momento, es clara: la ley no obliga al propietario a instalar aire acondicionado. "Es importante distinguir entre habitabilidad y confort". La cuestión puede complicarse cuando el calor está relacionado con las características del propio edificio. Una vivienda con un aislamiento térmico deficiente podría generar responsabilidades para el arrendador si se demuestra que las condiciones impiden su uso normal. "Se trataría entonces de una deficiencia relevante, pero habría que analizar caso por caso. El mal aislamiento por sí solo no implica una infracción legal si no compromete la salubridad o la seguridad", aclara la letrada.