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Suman 687.929, un 2,4% más que hace un año y el máximo de la serie histórica (que arranca en 2009), para un décimo mes del año si descontamos la pandemia. Los desempleados seniors que 'abandonan' el mercado laboral, es decir renuncian a buscar trabajo y se limitan a cobrar una prestación hasta que pueden acceder a la jubilación 'propiamente dicha' se han convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los responsables de las políticas de empleo. Sobre todo, porque su peso se ha duplicado desde el 17,4% que registraban en el mismo mes de 2009.

Tributos indica en una consulta del pasado 26 de septiembre que los jubilados que estén cobrando su pensión pública y, a la par, quieren rescatar su plan de pensiones tienen la obligación de presentar la Renta si sobrepasan ciertas cuantías. Concretamente, al percibir la pensión pública y luego la cuantía del rescate del plan, se contaría como dos pagadores. Por tanto, el límite de los rendimientos de trabajo no puede superar los 22.000 euros al año y la suma de las cantidades percibidas por los restantes pagadores (en este caso se consideraría así al plan de pensiones) no puede superar los 1.500 euros al año.

El Supremo ha eliminado el castigo de Hacienda a la vivienda habitual a la hora de calcular la cuota del impuesto. En concreto, el Tribunal concluye que este domicilio constituye un elemento patrimonial productivo que debe incluirse en el cálculo del límite del 60% de renta y patrimonio porque, a su juicio, es "susceptible" de generar rendimientos en el IRPF. El fallo fija doctrina y determina que las viviendas habituales "no son bienes improductivos, y ello con independencia de la no generación de rentas inmobiliarias en el IRPF".

El Ejecutivo trató de remendar el error a través de la introducción de una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta norma fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado jueves y ha iniciado su tramitación en el Senado. Sin embargo, el legislador, ha estipulado que este arreglo entre en vigor a los tres meses de la publicación de la ley en el BOE (que como pronto se prevé para diciembre), en vez de a los 20 días como ha fijado para otras disposiciones de la norma.